Hablamos con Jaime Gómez, integrante de la Asociación Campesina de Antioquia, acerca de los derechos humanos que son vulnerados en una movilidad humana forzada como lo es el desplazamiento a causa del conflicto armado.
Una realidad clara por la que la ACA sigue trabajando en resistencia e inquebrantablemente por la defensa de los territorios rurales.
Ante un momento de crisis económica cafetera a finales de los años ochenta, familias que habitaron la región del Suroeste Antioqueño con sustento en la recolección de café y algunas que habían pertenecido a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC decidieron juntarse para dar pasos en la organización comunitaria y regional hacia la búsqueda de mejores condiciones de vida. Entre comités veredales y municipales, la reivindicación de los Derechos humanos y fundamentalmente la exigencia para el acceso a la tierra, nació la Asociación Campesina de Antioquia -ACA, consolidándose a comienzos de los años noventa y obteniendo su personería jurídica en 1994.
Es sabido que los tejidos comunitarios y los procesos organizativos que velan por la construcción de dignidad territorial han representado un estado de alerta para los intereses particulares de los grupos paramilitares y los sectores poderosos a los que muchas veces representan, lo que puede explicar por qué para los liderazgos de la ACA, los señalamientos, la estigmatización y las amenazas se convirtieron en una marca con la que empezaron a vivir durante esta época, por lo que se vieron condenados a encarnar los sufrimientos de una estrategia que buscó acabar con todo rastro de organización comunitaria.
Con distintas acciones que atentaron contra la vida e integridad de las campesinas y campesinos de su base social, la ACA se vio en la obligación de suspender el trabajo de doce municipios en los que se encontraban y huir, dirigiéndose a la ciudad de Medellín principalmente. Siendo parte de los 413.068 desplazamientos forzados durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano en cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, la ACA fue desplazada del Suroeste entre 1997 y 1998.
Abandonar el campo, las gallinas y caballos, sus casas, los sonidos de los pájaros o el aire puro que se sentía en la brisa, fue la imposición que cargaron consigo como consecuencia por defender los territorios. Y en las palabras de don Jesús María Cano: “eso siempre estuvo maluco en ese entonces porque los paramilitares rondando las fincas allá en Promisión, dieron cuatro días que pa’ que desocupáramos. Tuvo que haber sido un 15 de julio porque yo me acuerdo mucho de esa fecha (…) imagínese, llegamos a la cabecera municipal, estuvimos por ahí un mes en el coliseo de Angelópolis. De ahí nos dieron cienmil pesos dizque pa’ que pagáramos arriendo y poder comer allá en Medellín. Ah, qué fue lo que nos dieron ahí, un bendito transporte”.
El terror fue un sentir generalizado en las personas que sufrieron este desplazamiento, pues dejar sus veredas era la única posibilidad de salvaguardar las vidas, y las laderas o asentamientos de familias que ya habían sido desplazadas se convirtieron en el refugio y única alternativa de llegada para a quienes la injusticia de la violencia les obligó irse. Con el dolor de saber que a varias compañeras y compañeros les asesinaron antes de poder huir, algunas de las personas fundadoras se refugiaron principalmente en la parte alta de Manrique Central, en los asentamientos de La Cruz y La Honda, y en el asentamiento Esfuerzos de Paz del barrio Villatina en la ciudad de Medellín. (Fuente: Área de Comunicaciones – ACA)
También relata don Jesús María que en ese tiempo era el presidente de la asociación y aunque hubo quién les diera la mano: “nos dijeron que bueno, que pegáramos pa’ la Honda y que había posibilidades de no vivir tan mal, pero qué, a mucha gente le dio miedo porque siempre era un problema y que el otro, es que si uno no tiene pa’ donde pegar la vida se vuelve un sufrimiento. Le decían a uno que pa’ Villa Hermosa y sólo pensaba uno en la persecución que había por ahí también. Vea es que nos tocaba a lo sálvese quien pueda, estar debajo de plásticos, no saber si sí vamos a tener qué comer, vea en Medellín fue sufriendo y sufriendo que estuvimos”.
Cuando ocurre un desplazamiento forzado, la angustia y la zozobra son sensaciones que cobran protagonismo en las personas, mucho más cuando se ven obligadas a resolver su bienestar bajo las posibilidades que sorteen o los logros que obtengan en asuntos básicos necesarios como serían vestirse, poderse alimentar o tener un techo y lugar para habitar. Ello, sin contar si quiera las dificultades que puedan surgir de un relacionamiento obligatorio para sobrevivir en un territorio ajeno.
Con un contexto de expansión paramilitar también en la ciudad, fueron comunidades y organizaciones sociales con interés en los Derechos Humanos y solidaridad ante acontecimientos de despojo y desplazamientos, las que posibilitaron compañía, escucha y acogida para las familias que llegaron.
Es en esta realidad que con logros en toma de tierras por parte de campesinas y campesinos sin tierra, propuestas de organización política y fortalecimiento de la producción agrícola en sus veredas, las personas se ven condenadas a, de haber sobrevivido, hacer un reinicio en las exigencias de dignidad y respeto por sus vidas. Aunque esta vez, con nuevas aristas de desigualdad y ante un panorama completamente diferente al rural.
Todo se presentó durante un punto álgido del conflicto armado con tomas guerrilleras en el Oriente, una gran arremetida paramilitar en el Magdalena medio, la zona del Urabá y el Occidente antioqueño, por lo que la crisis nacional de desplazamientos se seguía complejizando y la población campesina quedaba en situaciones socioeconómicas devastadoras. Por estas razones y ante la ausencia del estado en la atención humanitaria, se emprende un proceso de visibilización de la problemática mediante acciones de hecho, tomas de la población civil a lugares importantes como La Universidad de Antioquia, la Curva de Rodas, Catedral Metropolitana o la Alpujarra en Medellín, junto con otros esfuerzos de movilización y protesta en diferentes zonas del país. Tal fue el impacto y la necesidad con que las personas protestaron, que el gobierno nacional se vio en la obligación de expedir la ley 387 de 1997, enfocada en atender la crisis humanitaria y mitigarla con una política de carácter asistencial.
Mientras se dio el trabajo comunitario y la exigibilidad de los derechos con la población desplazada de aproximadamente 35 asentamientos, a finales de los noventa, las representaciones de la ya nombrada base social se encontraban profundamente fragmentadas, ya que hubo lideresas y líderes que se marginaron de los procesos para no verse inmersas ni inmersos en revictimización y nuevos riesgos, pues reivindicar y exigir derechos les evocaba huidas involuntarias; pusieron la integridad y la conservación de la vida como consignas, porque de continuar luchando, tal vez les marcaría una fatal e insólita muerte. Lamentablemente ya tenían un ejemplo: en 1999 después de que varias campesinas y campesinos regresaran específicamente a la vereda Promisión en Angelópolis, asesinaron dos de estos liderazgos, provocando un nuevo desplazamiento para las personas de esta vereda y algunas familias de Cascajala.
Con algunos logros, pero sin suficientes garantías para retornar o adecuarse en condiciones dignas en algún lugar, así como se encontró deserción del trabajo colectivo, también hubo personas que optaron por mantenerse en la dinámica de organización comunitaria como la manera de seguir en la exigibilidad de los derechos y continuar la búsqueda de condiciones para regresar a sus territorios.
Fue entonces cuando a mediados de los dosmil, la Asociación Campesina de Antioquia estaba apoyando procesos de Defensa y promoción de derechos de la población campesina en lo urbano, es decir, disputaban para que se les incluyera en la ciudad con ayudas y asistencia humanitaria que les permitiese vivir con mínimas de dignidad, aunque lejos de la ruralidad y los territorios que recordaban sintiendo aún como suyos.
Es en este punto cuando empiezan a replantearse el trabajo en las zonas urbanas, y fieles a las resistencias de la organización se enfocaron en un proceso de retorno y recuperación de la tierra abandonada a causa del conflicto armado en Angelópolis. Al hecho de ser este el único municipio del Suroeste en los que se estaba como asociación que cumpliría las condiciones en términos de seguridad y demás, se adhieren los anhelos de las familias por regresar a los campos, que como dicen por ahí, es un sentir casi biológico que inquieta e inquieta hasta que se vuelve a tocar la tierra para reconocer los aromas de las flores mientras se transita con libertad por los suelos verdes y coloridos.
Sin ser una exageración eso de que a pesar de haberse enfrentado a destierros, despojo y vulneraciones, muchas campesinas y campesinos sólo pueden pensar en el momento en que podrán regresar al campo, la ACA decide embarcarse en la búsqueda jurídica y política para volver.
Dice Jesús María Cano que “cada rato uno pensaba era en la vida, en Medellín la cosa también estaba muy delicada uno ni sabía qué era mejor *se ríe, en principio a carcajadas y después como apenado* hombre, es que uno ahora como que se ríe, pero en ese tiempo uno mantenía con miedo sin saber qué hacer, de milagrito es que vivimos todavía”. (…) “Vea, es que de tanto sufrir en la ciudad, ya dijimos que teníamos que hacer lo posible por volver, y emberraque a preguntar aquí y allá cómo podíamos hacer, se fueron dando las cosas favorables y nos volvimos pa’ la tierrita. Siempre logramos asesoría de un lado y de otro y agarrando lo que nos servía las cosas se dieron. Oiga, yo me soñaba era estando allá siempre, y volver a sembrar mis frijoles y el maicito, es que a uno no se le olvida la felicidad del campo nunca”.
En principio, el objetivo fue recuperar legal y materialmente la tierra bajo procesos de retorno con acompañamiento institucional y con acciones tendientes a la formalización, saneamiento y legalización de la tierra. Aunque este proceso no implicó sólo la recuperación jurídica si no también la titulación en favor de las familias campesinas; y adicionalmente, en relación a la reparación integral, se garantizó la seguridad alimentaria, construyeron viviendas, se electrificó la vereda, hicieron caminos y se posibilitó la alimentación gratuita por parte del Estado durante seis meses, mientras se volvía a producir.
Gracias al acompañamiento riguroso y comprometido de la Asociación a estas familias, se pudo hablar de las garantías de vida digna en los territorios de los cuales se había huido, y este retorno le serviría a la organización como un demostrativo innegable de que el trabajo comunitario con los ideales de defensa y permanencia en los territorios rurales, acompañados de procesos jurídicos responsables que piensan en el bienestar de las comunidades campesinas, sí tienen lo requerido para lograr tejidos sólidos, con confianzas colectivas para la exigibilidad del respeto por los derechos.
Por otro lado, de la mano con cooperación internacional se estableció una claridad frente a los asuntos objetivos de la Asociación Campesina de Antioquia y entre quienes hacían parte del equipo administrativo, formativo o dinamizador de este proceso, se preguntaron por la continuación de las reivindicaciones con población desplazada u optar por retomar la bandera principal del trabajo con comunidades campesinas y expandirse en el campo.
Aunque no se dejó de aportar y exigir garantías para la población desplazada, la decisión fue regresar al campo apostándole a la defensa y permanencia en los territorios rurales. Se determinó también que el ser de la asociación y las comunidades campesinas está en la ruralidad y no en barrios periféricos en condiciones de pobreza o exclusión. Y es así como proceden a contactar personas afines para continuar el trabajo organizativo, y al igual que en Angelópolis, en algunos municipios del Oriente Antioqueño se presentaron las condiciones para desplegar y establecer el trabajo colectivo.
Con procesos formativos sobre promoción e interiorización de los derechos humanos(qué son, en qué consisten y cómo los defiendo), y acciones de legalización o formalización de la tierra, llegaron a veredas como el Pajuí, La Esperanza, Farallones o San Isidro en el municipio de San Francisco; mientras que a San Vicente, también municipio del Oriente Antioqueño, llegaron por medio de un proceso de formación con población joven campesina de la Escuela de liderazgo Juvenil. Todas sus propuestas y actividades, siempre de cara a acciones que visibilizasen la problemática agraria y de desplazamiento forzado, así como la importancia de los DDHH.
Después del trabajo iniciado en estos dos municipios del Oriente Antioqueño, la ACA empieza abrirse paso en otras localidades, y dependiendo del trabajo avanzado, las condiciones de seguridad o la respuesta obtenida por las comunidades, la organización continúa fortaleciéndose, ampliando o pausando su labor en determinados lugares, pero llevando con constancia las banderas iniciales de su fundación: La defensa del territorio y la exigibilidad de los derechos, que a la actualidad, se ven reflejados en el trabajo que se desarrolla en veredas de Betulia, Suroeste Antioqueño y de San Francisco, Cocorná, Argelia y Sonsón en el Oriente.
La Asociación Campesina de Antioquia ha sabido sobre ponerse a la dificultad y las complejidades que la guerra y la desigualdad social le han puesto en los caminares campesinos, y ante tantos retos e intentos para enfrentarse al desarraigo en las formas de movilidad humana que les ha golpeado arrebatando la tranquilidad rural, hoy se encuentran promoviendo la memoria histórica como una forma de no perder la identidad campesina. A pesar de que muchas niñas, niños y jóvenes no encarnaron propiamente los despojos y la violencia, es necesario que estén al tanto de esos sentires y daños que la guerra ocasionó en quienes les antecedieron, porque no hay nada más abrumador que tener que repetir una historia de injusticias y desarraigos.
Actualmente, la organización se encuentra fortaleciendo procesos comunitarios y apostándole a la articulación en el trabajo regional, tal como cuando dio sus primeros pasos de existencia. Siguen principalmente en el Oriente Antioqueño, juntando voluntades para que los proyectos hidroeléctricos, mineros, de urbanización y los cultivos con agroquímicos para comercialización masiva, no sigan fragmentando ni desdibujando esa identidad campesina que ha permitido el cuidado y la defensa histórica de la naturaleza con las comunidades que la habitan.
A través de procesos de mujeres, manifestaciones artísticas, semilleros de comunicación, investigación y sobre todo trabajo de huertas o cultivos orgánicos, es como han sabido complementar la lucha por la permanencia y la defensa de los ríos y los territorios, logrando la aceptación y el cariño de las comunidades, pues guardan una comprensión base y es la reconstrucción conjunta del tejido social desbaratado por la guerra. Desde ahí responden a seguir caminando juntas y juntos para el bienestar, la visibilización y la exigencia de la dignidad del campesinado.
Fotografías: cortesía comunicaciones ACA.
