Lo que la Corte Suprema de Justicia le regaló a Uribe

Por: Candileja.

La situación que conmocionó al país hace algunos días fue inesperada: ¿la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le impuso una medida de aseguramiento por detención preventiva a Álvaro Uribe Vélez? ¿En serio? Sí. Esto se debió a que el análisis del expediente del caso hizo que los jueces consideraran que podría llegarse a demostrar que el expresidente podría haber sido el determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y de fraude procesal. Recordemos que el mencionado caso nace después de que la CSJ absolviera a Iván Cepeda frente al cargo de manipulación de testigos que Uribe Vélez interpuso en 2012 y que, en contrapartida, dio como resultado la orden de investigar al expresidente por la misma conducta por la que él había denunciado a Cepeda. La decisión de aplicarle la medida de aseguramiento al actual senador del Centro Democrático, como era de esperarse, causó un enorme revuelo en el contexto político, que también se extendió al entorno académico y al jurídico.

Muchos han dado sus respectivas valoraciones frente a los argumentos de la CSJ. Era de esperarse que los partidarios del exmandatario abogaran —con todos los elementos que tienen a su alcance— para que la decisión fuera revocada. Lo que sorprende es que incluso personas que no son defensoras de Uribe Vélez no puedan decidirse. Esto nos deja con muchos interrogantes: ¿debemos o no confiar en la CSJ? ¿se justifica realmente la detención preventiva?

La mejor manera de responder a estas preguntas es la argumentación o, en este caso, el análisis argumentativo. Sin embargo, para realmente entender la lógica de una razón —en este caso, de la que fue tomada por la CSJ—, es necesario poner de lado la emotividad y dejar que sea la razón —y no las percepciones— la que dé cuenta de la sensatez (o no) de la decisión. Es por este motivo que, en este pequeño texto, quiero hacer un análisis del argumento central que critica la motivación de la decisión, un análisis que —desde la imparcialidad y buscando una comprensión racional, sin apasionamientos— pueda dar mayor claridad frente a las razones que aquí se controvierten, para que el ciudadano común pueda decidir frente a ella con sus propios criterios y para que los entornos políticos dejen trabajar a la justicia. 

El argumento principal que reluce cuando se ataca la decisión de la Corte es aquel que manifiesta que se está violando el derecho a la libertad de Álvaro Uribe, derecho consagrado en el art. 28 de la Constitución. Por otro lado, el motivo de la Corte para defender la medida de aseguramiento reposa en el art. 309 del Código de Procedimiento Penal, en el que se manifiesta que uno de lo criterios por los que se le priva de la libertad a Uribe Vélez es aquel que refiere que se puede privar de su libertad a un imputado “para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”. 

En principio, comencemos por analizar si en verdad la disposición de la Corte violenta, o no, el derecho a la libertad del que debe gozar el senador. En el art. 28 de la Constitución se manifiesta que alguien puede ser privado de su libertad “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. Como ya vimos en el art. 309 de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal – CPP) se manifiesta un motivo por el que se puede generar una restricción frente a ese derecho a la libertad del que todos gozamos, el hecho de que podamos —en caso de estar en proceso de ser juzgados— obstruir el adecuado funcionamiento de la justicia.

Ahora, muchas personas discuten acerca de si la decisión está adecuadamente fundamentada con relación a la persona de Uribe Vélez, arguyendo que fue una persona que hizo mucho por el país o que en el presente actúa como un honorable senador de la república (falacia ad misericordiam). Lo cierto es que ningún ciudadano colombiano, sin importar qué congresista, expresidente o un vendedor de frutas, debería estar por encima del derecho a la igualdad, sobre todo cuando se trata de responder ante la justicia. Esto estaría en contra de uno de los principales pilares de nuestra sociedad, del Estado democrático y en contra de los valores que constituyen la idea misma de democracia. Si la constitución dice que se podrá privar de la libertad a quien cumpla con los criterios que la ley manifiesta, y si la ley expone un criterio en el que encajan el caso y la persona de Uribe Vélez, es necesario que se aplique a él, tal como a cualquier otro, la medida cautelar.

Veamos entonces si de verdad puede justificarse la presunción de que el senador podría llegar a obstruir la justicia. Estamos hablando de una persona que tiene un proceso de investigación cuyo expediente (que supera las 1.000 páginas) gira en torno a la posible obstrucción de la justicia por medio de la manipulación de testigos. Hablamos de alguien que tiene —según el análisis de los magistrados— una seria carga probatoria en su contra, que favorece la posibilidad de que pueda llegar a considerarse como culpable en el desarrollo del juicio. Y también hablamos de alguien que tiene un gran peso político dentro del Congreso, dentro del administrativo y, sobre todo, dentro de la sociedad; es decir, de alguien que puede llegar a ejercer una gran presión social y política que termine por condicionar el desarrollo de la justicia.

Hablamos entonces de alguien que, de ser cierto lo encontrado en el expediente, habría llegado a manipular el desarrollo normal de procesos que se han llevado en su contra y que, por otro lado, puede ejercer una gran presión para favorecerse. Alguien, entonces, a quien le aplica perfectamente el art. 309 del CPP, porque su libertad plena podría favorecer el hecho de que se repitiera la manipulación que podría haber tenido lugar en el pasado y, en este sentido, hablamos de alguien que debe someterse a una medida de aseguramiento para que se pueda garantizar el sano desarrollo del proceso de investigación y de recolección de pruebas. Queda entonces plenamente justificada la privación de la libertad, pero, para que sea más claro, analicémoslo desde otra perspectiva. 

Digamos que cada vez que se queda solo en su cuarto mi hijo de dos años se dedica a rayar las paredes, digamos que le he preguntado si es él el responsable, pero que el pequeño responde negando su culpabilidad y manifestando que los crayones se mueven por sí mismos sobre las paredes. Mi hijo merece que yo le crea, es decir, merece la presunción de inocencia, y merece que se le respeten sus derechos. Pero la única manera que tengo para saber si su versión es real —o si me está mintiendo— es dejándolo encerrado en el cuarto y vigilar, a través de cámaras, sus comportamientos. Lo estoy privando de su libertad y de su derecho de privacidad para comprobar que él no es el culpable de los rayones de las paredes, en suma, para comprobar que no me miente. 

De la misma manera, la CSJ está privando de la libertad a Uribe Vélez para poder vigilarlo con más detenimiento, para poder impedir que las paredes empiecen a rayarse solas sin que nadie se dé cuenta y para poder ver si es cierto que los crayones se levantan solos en el aire. O, por otro lado, simplemente para impedir que él mismo sea quien raye las paredes, porque esos rayones podrían impedir que la justicia vea. Esta privación de la libertad no solo es legal y constitucional, sino que representa un regalo que la Corte Suprema de Justicia le hace al expresidente, el regalo de poder reconciliarse con su verdad a través del sometimiento a la vigilancia. ¿Cómo funciona esto? Es muy simple, si mi hijo me permite encerrarlo y grabarlo, y yo llego a descubrir que los crayones efectivamente se levantan por sí solos para rayar las paredes, sentiré la ráfaga dulce de la confianza al darme cuenta de que mi hijo no miente. Así, si la sociedad viera que los crayones de Uribe se levantan solos para rayar las paredes, el expresidente podría tener esa oportunidad de reconciliación que tanto ha buscado cuando dice que él nunca lo hubiera permitido o que no fue algo que estuviera en sus manos.

La separación de poderes del Estado colombiano es vital para que la democracia se asiente con fortaleza en nuestras tierras. Pero si la sociedad en general, si los académicos y, peor aún, si el administrativo deslegitima un proceso legítimo de la justicia sin los argumentos suficientes, estamos impidiendo el correcto desarrollo del proceso. No todos los hilos de la sociedad pueden halar para su rincón a la justicia, la justicia debe poder desenvolverse con libertad, siempre y cuando siga los caminos de los principios constitucionales, de la ley; y, siempre y cuando pase los análisis críticos que se le hagan desde la racionalidad, no desde la pasión. Cuando todos hablamos de la justicia para nuestro lado, no podemos quedar más que con una piñata rota que, al final de todo, nos deja solo con un pedazo triste de lo que realmente era el premio mayor.