Por: Camilo Sierra.

El acto legislativo 01 de 1986 dio paso a que el 13 de agosto de 1986 se realizara la primera elección popular de alcaldes. Hasta ese momento y después de 102 años de una constitución ultracentralista, el poder ejecutivo nacional era omnímodo; el presidente de la república elegía a los gobernadores y estos a su vez escogían a todos los alcaldes del departamento. Este régimen político, donde el poder nacional y regional estaba concentrado en las elites del bipartidismo que gobernaba el país, llevó a varias guerras que sucedieron una tras otra, generadas por las mismas clases políticas y la exclusión de sectores alternativos en los partidos tradicionales.

El punto más alto de esta concentración del poder se da con el pacto llamado Frente Nacional, en el cual las élites liberales y conservadoras deciden repartirse el poder, de modo tal que alternaran la presidencia cada cuatro años. Es esta democradura una de las razones que llevaron a la aparición de grupos insurgentes. Estas insurgencias, además de movimientos sociales, se disputaban el uso y tenencia de la tierra mientras propugnaban la amplitud de la participación política. Es así como se llega a las negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur, después de años de exclusión política y social, donde fruto de estas negociaciones con las guerrillas se logra que los alcaldes no sean elegidos a dedo sino que se haga por elección popular. De estos diálogos también nace la Unión Patriótica, no como un brazo político de la guerrilla sino como una alternativa al bipartidismo gobernante del país. La UP aglutina un gran número de sectores hasta ahora excluidos de la vida política, liberales y conservadores de base, sectores sindicales, universitarios y campesinos son quienes engrosan las filas de este nuevo partido. Esta apertura democrática concluye con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Luego de este intento de apertura democrática, la esperanza de que sectores populares llegaran a cargos de elección fue in crescendo. La Unión Patriótica llegó a tener cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, catorce diputados, 23 alcaldes y 351 concejales, un gran caudal electoral que esperanzaba a los sectores excluidos de la política tradicional. Sin embargo, las élites políticas, con sus caciques regionales que habían acumulado poder por años, junto con terratenientes, agentes del estado y grupos paramilitares, no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro de lo atesorado hasta ahora; entonces lo que en un principio fue una esperanza de apertura democrática se convirtió en un mar de sangre. La violencia política que se suscitó, pronto terminó con ese anhelo de tener una democracia donde todos tendríamos cabida. El genocidio más recordado es el de la UP, pues más de 3.500 de sus militantes fueron asesinados, incluidos candidatos presidenciales, congresistas, diputados, alcaldes y concejales. Pero no fueron los únicos. El exterminio también cayó sobre movimientos sociales y políticos como la UNO, A Luchar! y el Frente Popular.

El Oriente antioqueño no fue la exención, la violencia política también se paseó con sus monstruosidades por el territorio. El Movimiento Cívico del Oriente, después de luchar por años contra los megaproyectos que se emprendían en la región; tras realizar paros cívicos contra las electrificadoras por los altos costos de la energía y organizar juntas cívicas en casi todos los municipios, se preparaba para apostarle a la disputa electoral y tratar de llegar al poder regional para llevar a cabo las transformaciones que se habían soñado desde hacía años en las asambleas populares y en las juntas cívicas. Pero los señores de la guerra, cohonestados con agentes estatales e intereses económicos, no permitieron que este sueño pudiera cumplirse. La mayoría de los dirigentes cívicos de cada uno de los municipios fueron asesinados u obligados al exilio; a los demás y a las bases nos les quedó otro camino que el silencio, pues la muerte ya les había mostrado que abrir la boca era un camino directo para llegar a ella. Con sangre, dolor y muerte la esperanza de apertura democrática emprendida en los 80 quedaba aplazada.

Jesús María Valle J. en discurso en el municipio de Marinilla.
Memoria de archivo: Colectivo Sin Esquemas

Las guerrillas también pusieron su cuota de dolor en toda esta tragedia; con bombas en algunas plazas principales, secuestros y asesinatos de concejales y alcaldes, la prohibición de elecciones en ciertos municipios o parte de ellos, nos demostraba que los conflictos estaban lejos de resolverse por la vía democrática.

Luego de que el proyecto de la guerra y la muerte llegara a tener mayorías en el congreso y fuertes vínculos con el poder ejecutivo nacional, llegamos a otro proceso de paz (2016) donde la participación política y la apertura democrática son parte fundamental de la negociación. Nuevamente lo que se reclama para poder superar la violencia es una apertura de la democracia donde sectores alternativos a la política tradicional puedan participar en política con posibilidades reales de llegar a los cargos. Tan importante resulta que el punto dos del acuerdo final de paz es participación política, donde el estado se compromete a realizar las transformaciones institucionales necesarias y garantizar de forma efectiva el ejercicio de la oposición y dicha participación.

Hoy estamos ad portas de las elecciones regionales de 2019; después del ciclo de violencia y barbarie ya mencionado, nuevamente renace la esperanza de poder tener una apertura democrática real. Es una alegría y un orgullo enorme ver candidaturas alternativas en los municipios del Oriente antioqueño; un puñado de jóvenes, que después de estar en la democracia popular y de base, de mojarse y caminar las marchas por la defensa de ríos, las reivindicaciones estudiantiles, profesorales, contra las hidroeléctricas y la minería; después de recorrer el territorio desde el páramos hasta el río Magdalena, de estar en sus procesos colectivos estudiando, debatiendo y realizando activismo social para llevar una propuesta alternativa al modelo de desarrollo que se ha venido imponiendo en el Oriente, hoy le están apostando a llegar al Concejo, a la alcaldía y la Asamblea, para desde allí poder tener más injerencia en las decisiones que afectan el territorio, para disputarle poder al partido de la guerra y las maquinarias electorales que se niegan a transformarse, para poder seguir avanzando en cada uno de los sueños que se han construido en los espacios colectivos.

Pero nos quedan varias tareas. A los candidatos, hacer una política nueva, distinta a esas formas tradicionales de los que hoy gobiernan y no olvidar que deben mantener un pie en la institución y el otro en la calle. A los colectivos, al estado, velar porque las garantías reales para la participación política sean dadas, sin estigmatización ni violencia contra los sectores alternativos. A los congresistas, que apoyan estos procesos y candidaturas, luchar hasta el cansancio por la reforma política que amplíe la calidad de la democracia. A nosotros, apoyar, visibilizar y convencer a cuantos podamos de lo importante que resulta renovar la política regional con estas apuestas. Y, por último, que la sociedad y las ciudadanías no permitamos que esta nueva esperanza que hoy recorre el territorio vuelva a ser víctima de la violencia y el exterminio. No se puede permitir que la apertura real de la política nuevamente quede aplazada.